Franco vendió 148 inmuebles

Como ya le ocurrió con el caso Bárcenas, Cristóbal Montoro ha vuelto a cometer el error de minimizar la envergadura de una polémica que implica a la Agencia Tributaria (AEAT). A mediados de enero, cuando la Ser desveló que el ex tesorero del PP había regularizado 10 millones de euros gracias a la amnistía fiscal del Gobierno, el ministro transmitió durante varios días su desconcierto. Su justificación era que Hacienda no conocía bajo qué razón social Bárcenas se había presentado a la regularización.

Ayer, en el Congreso, Montoro pidió perdón insistentemente por los 13 errores cometidos en la información fiscal de la Infanta Cristina remitida al juez Castro. Pero pedir perdón no es explicar lo ocurrido.

El ministro sabe bien que el comunicado responsabilizando a los notarios de 11 de los 13 errores era claramente insuficiente. No es de recibo que sea la opinión pública la que deba ir reuniendo las pruebas forenses de esta chapuza. Por los notarios, por ejemplo, supimos ayer que en uno de los casos se introdujo el 00000014 en el campo «fallecido» de la comunicación a Hacienda y en dos restantes en un campo denominado «otros».

Al final del día resultó que el comunicado del sindicato de funcionarios CSIF y, sobre todo, el de los Inspectores de Hacienda del Estado eran mucho más clarificadores que el del ministerio. Así podemos deducir que, en contraposición a la Ley de los grandes números, en la Agencia Tributaria existe la Ley de los números pequeños, que son determinados DNI que no se inspeccionan o se miran bajo autorización previa o muy de vez en cuando. Así, sabemos que en 2005, Francisco Franco Bahamonde, con el Nº1, aparecía como vendedor en 148 operaciones registradas oficialmente, pese a que había fallecido hacía ya tres décadas.

La falta de una explicación oficial detallada lo único que consigue es que la ciudadanía dude ahora de la integridad de la base de datos de Hacienda. Una cuestión gravísima.

Todo indica que este lamentable incidente se ha originado por la pésima disposición de la dirección de la AEAT a colaborar con el juez Castro por razones que desconocemos. El sindicato de técnicos de Hacienda así lo denunció el 10 de junio pasado. En vez de contestar con un informe impecable, Beatriz Viana, la directora general de la AEAT, sigue escondida sin dar la cara cuando las dudas sobre su capacidad de gestión y la de su equipo se multiplican. La remisión de un informe incomprensible para el juez, consistente en pantallazos de ordenador que nadie había procesado mínimamente de una manera inteligible, demuestra más mala voluntad que apego a la ley y es una de las peores caras que la burocracia española puede enseñar.

john.muller@elmundo.es